Autonomía y autogobierno indígena desde la organización político territorial colombiana

el caso de las ETI

Resumen

En la lectura del desarrollo histórico de la República, a lo largo del siglo xix, el esquema territorial evolucionó como en un tobogán entre centralismo-federalismo, sin mucho apego por el sentido original de cada uno, dado que uno u otro se implantan al final de una guerra civil como expresión de los intereses exclusivos del grupo vencedor y no precisamente por una línea racional de adaptación de la forma de administración a las condiciones del territorio.
Efectivamente, desde la segunda década del siglo xix hasta los albores del xx, la cruenta sucesión de guerras civiles orientó y determinó la organización del territorio nacional bajo las mismas condiciones de asimetría regional y disfuncionalidad política de los períodos de conquista y colonización españolas, que primordialmente debían responder en tiempos de la Colonia a las condiciones de explotación en beneficio de la Corona; y, en tiempos de la República a las necesidades de las élites nacionales.
En la segunda mitad del siglo xx, se hizo notoria la inadecuada repartición de jurisdicciones territoriales, enmarcada en los reclamos de las periferias por una mayor participación política y suficientes recursos materiales. Esta situación tuvo su punto de quiebre en los años noventa, cuando la nueva Constitución de 1991 marcó el período finisecular con una nueva orientación política, proclamando el Estado social de derecho bajo la forma unitaria descentralizada.
No obstante, tres décadas después de la institucionalización del proceso descentralizador, la materialización sobre la organización territorial y la construcción de un nuevo mapa político-administrativo del país se ha venido disolviendo y parece resolverse en un proyecto recentralizador.

Abstract
The territorial configuration oscillated between federalism and centralism during the development of the republic in the 19th century. This was done without much attention to their original meaning, because both were implemented at the end of the civil war, in accordance with the interests of the victors rather than the territorial requirements.
Indeed, from the second decade of the 19th century until the dawn of the 20th, the succession of civil wars determined the political divisions of the national territory, under the same regional asymmetrical conditions and political dysfunction, since the time of Spanish conquest and colonization, which primarily had to respond to the exploitative conditions which benefitted the Crown during colonial times, and to needs of national elites during the time of the republic.
In the second half of the 20th century, the inadequate distribution of political jurisdictions became notorious, framed by the demands of the periphery, including a greater participation in politics and sufficient material resources. This situation ended in the 1990’s, when the new constitution of 1991 marked the fin de siècle with a new political framework, proclaimed by the social rule of law as unitary decentralized framework.
However, three decades after the institutionalization of the decentralization process, the materialization over the political divisions and the creation of a new political administrative map of the country has been dissolved. Therefore, it has looked more like a recentralization project.