La capacitación en el empleo público provincial
Un análisis de la normativa
Resumen
Este trabajo busca contribuir al estudio de la normativa que regula la agenda de la capacitación en las administraciones públicas provinciales. Comprende, en consecuencia, las principales normas que regulan el empleo público y las relaciones laborales de los poderes ejecutivos de las provincias argentinas.
En los años noventa ocurrió un cambio trascendental para los gobiernos provinciales: se impusieron procesos de ajuste y modernización estatal. A este hecho se sumó un cambio de competencias jurisdiccionales que comporta la ampliación y complejización de su agenda, el sostenido incremento de las demandas sociales, y un mayor escrutinio de la sociedad civil y el sector privado. En paralelo, los diferentes gobiernos debieron procesar un conjunto de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que, sumados a los factores mencionados, impactaron en la organización y la gestión de los estados provinciales, especialmente en lo que respecta al empleo público.
Es notoria la vacancia de investigaciones acerca de la gestión del empleo público provincial, en general, y la capacitación, en particular. A diferencia de la gestión del empleo público nacional, se trata de un fenómeno complejo caracterizado por la heterogeneidad que presenta una dinámica de relaciones laborales con un contexto, antecedentes y características poco estudiada por la academia.
Por lo expuesto, hemos elegido aproximarnos a la cuestión con un estudio exploratorio que toma como base el enfoque de sistemas de gestión del empleo público que se propone en la Carta Iberoamericana de la Función Pública —un estándar regional para los servicios civiles— y nos permite identificar, clasificar y caracterizar las diferentes normas que regulan la capacitación de las/os servidoras/es públicas/os.
Encontramos, en general, que la formación es abordada de manera acotada y desde una perspectiva del derecho a la capacitación, que resulta en la necesidad de incorporar normas que consideren los paradigmas vigentes de gestión de empleo público, una mayor cobertura normativa y que incluyan elementos que tomen la consolidación de la capacitación como pilar de la gestión pública.
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