Empresas públicas provinciales y producción estatal de medicamentos.
Los casos de las provincias de Santa Fe, Río Negro y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Parte 1
Resumen
La desregulación llevada adelante en el sector farmacéutico durante la década de 1990 puso en crisis la situación de los sectores más vulnerables de la población. Dicha situación llevó a que, posteriormente a la crisis económica y social de 2001, se acentuaran las políticas destinadas a paliar las condiciones de salud de la población, entre ellas la provisión de medicamentos en forma gratuita o a precios accesibles.
En este contexto, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) fue creada en 2014 mediante la Ley 27.113 y actúa como ente nacional descentralizado en el marco del Ministerio de Salud de la Nación. Esta normativa se enmarca en la Ley 26.688 de 2011, la cual declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. El objetivo de la ANLAP es articular y promover la actividad de los laboratorios de producción pública de medicamentos existentes en la Argentina de forma planificada y centralizada por parte del Estado Nacional.
En la actualidad, funcionan más de 40 laboratorios públicos de producción de medicamentos. En este trabajo estudiaremos tres casos: el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF S.E.) de la Provincia de Santa Fe, responsable, entre otros, de la producción, escalamiento y distribución gratuita de misoprostol, droga que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como método seguro para la interrupción del embarazo. Además, es el único laboratorio público del país que provee, también gratuitamente, aceite de cannabis para epilepsia refractaria; la Productora Farmacéutica Rionegrina S.E. (PROFARSE), de la Provincia de Río Negro, único productor público de medicamentos contra la tuberculosis; y el Laboratorio del Fin del Mundo (LFM), de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mediante el cual la población local tuvo acceso gratuito a los test de COVID-19, SARS-CoV-2, y a medicamentos para la profilaxis y/o tratamiento de la carencia de vitamina D.
Estas instituciones públicas cuentan con la capacidad y la tecnología para el abastecimiento de medicamentos a las provincias a las que pertenecen, y muchas de ellas también con la potencialidad necesaria para abastecer a otras provincias y al Estado Nacional. En ese sentido, una de las ventajas principales de la existencia de la red de laboratorios medicinales públicos es que permite al Estado Nacional realizar las compras de medicamentos en forma centralizada y, de esta manera, reducir los costos, al mismo tiempo que se optimiza la producción y se evitan producciones superpuestas.
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